Una disputa estadística en el Urabá antioqueño escaló a los estrados judiciales y terminó en un fallo que podría redefinir la distribución de recursos públicos en la región. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Turbo ordenó al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) revisar sus proyecciones poblacionales, tras comprobarse una diferencia de más de 12.000 habitantes frente a los registros locales.
El caso fue impulsado por la Alcaldía, liderada por el alcalde Alejandro Abuchar González, mediante una acción de tutela que evidenció inconsistencias entre las cifras oficiales y datos de entidades territoriales. Según el secretario de Planeación, Edison Carrillo, la decisión se sustentó en la divergencia entre el censo del DANE y registros de salud, educación y Sisbén.
Las cifras son contundentes: mientras el DANE proyectó para 2024 una población de 134.517 habitantes, la Secretaría de Salud reportó 146.527 usuarios asegurados, lo que deja una brecha exacta de 12.008 personas. Sin embargo, líderes sociales advierten que el subregistro podría ser aún mayor, superando las 20.000 personas y situando la población real del distrito por encima de los 200.000 habitantes.
El impacto de esta diferencia trasciende lo estadístico. En Colombia, los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) se asignan con base en la población oficial. Esto significa que miles de habitantes, al no estar “contados”, tampoco están financiados. Según la administración local, el Gobierno estaría girando recursos como si el Distrito de Turbo atendiera a cerca de 17.000 personas en ciertos programas, cuando en realidad la demanda supera las 22.000, generando déficits en sectores clave como salud, educación, alimentación escolar, infraestructura vial y servicios públicos.
El fallo judicial, emitido el pasado 6 de marzo de 2026, amparó derechos fundamentales como el acceso a la información pública, el debido proceso administrativo y, en conexidad, derechos esenciales como salud y educación. El juez fue enfático en que la discusión no es únicamente técnica, sino estructural: cifras imprecisas derivan en decisiones públicas ineficientes.
Aunque la sentencia descarta modificar el Censo Nacional de 2018 por su carácter metodológico cerrado, sí ordena medidas correctivas. El DANE tendrá un plazo de tres meses para realizar una revisión técnica exhaustiva de las proyecciones actuales, incorporando información local y variables como la alta dinámica migratoria que caracteriza a Urabá.
Adicionalmente, se deberán instalar mesas de trabajo entre la entidad y la Alcaldía para depurar y armonizar los datos territoriales. Este proceso, según proyecciones de la Secretaría de Planeación, podría traducirse en un incremento de entre el 15% y el 20% en los ingresos destinados a inversión social en el distrito.
El caso del Distrito de Turbo expone una problemática de fondo en regiones con alta movilidad poblacional: cuando el Estado no logra medir con precisión, tampoco logra responder. Y en ese desfase, miles de ciudadanos quedan, literalmente, fuera de las cuentas.
