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Nadie se imaginó que lo que empezó como una simple gripe en la ciudad china de Wuhan, a finales del año 2019, iría a evolucionar hasta convertirse en el Coronavirus Covid-19, una infección respiratoria que a la fecha ha infectado a más de 627.000 personas en 188 países, y ha sido la causa de muerte de más de 30.000 personas en todo el mundo, desatando una pandemia que tiene en suspenso al mundo.

El brote del Covid-19, y la sobre exposición mediática, ha sumido a la población mundial en el temor, llevando a los gobiernos de todo el mundo a tomar medidas sin precedente; medidas como la Cuarentena, restricciones a la movilidad internacional, el cierre de mercados y otras actuaciones que han deprimido la demanda de petróleo en el mundo, causando fuertes caídas en las principales bolsas de valores; obligando a revaluar las expectativas de crecimiento económico mundial. Por ejemplo, el banco de inversiones  Golman Sachs,  espera que el producto interno bruto mundial en términos reales se contraiga en al redor del 1% en el 2020, mientras que Unigestion estima una contracción entre el 2% y el 3% del PIB mundial, en dos trimestres consecutivos, lo que supone un declive económico en mayores proporciones al que resulto de la crisis financiera  del año 2008.

Colombia transita por terrenos inexplorados

En Colombia el escenario no es alentador, el país viene transitando por terrenos desconocidos, por un lado,  la expansión del Covid-19 ha generado una crisis de salud pública, que arrastra consecuencias nefastas  sobre el crecimiento económico y el empleo,  y, por otro lado, está lidiando con la crisis petrolera, empujada por la reducción de la demanda internacional de petróleo y la guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita.

A raíz de esta situación global, los precios del petróleo Brent registran un descenso del 54,42% en su cotización al día de hoy, ubicándose US$27,74 el barril, algo que genera un desafío para el país, teniendo en cuenta que  a inicios de febrero el Ministerio de Hacienda presento el plan financiero 2020, donde se hacen cuentas nacionales con un Brent a US$60,5 por barril, es decir, US$32,79 por encima del precio actual. Sin embargo, expertos coinciden en que la caída de los precios del petróleo de este año tendría un impacto significativo en las cuentas fiscales del 2021, y no en las cuentas de este año.

A pesar de que Colombia no es un país petrolero, si tiene una gran dependencia de este renglón de la economía, dado que más del 50%  de las exportaciones nacionales corresponden al sector minero energético  y los recursos que este genera aportan gran parte al presupuesto general de la nación, razón por la cual las cuentas fiscales del país se ven afectadas por los choques externos.

Medidas para afrontar la crisis sanitaria

En Colombia desde que se detectó el primer caso de coronavirus, a la fecha, conforme a los reportes del Ministerio de Salud,  el número de contagiados por Covid-19 llego a 608. Hay seis muertes y diez recuperados.

Ante este panorama, el gobierno nacional, expidió el decreto 417,  del 17 de Marzo, con el cual   declaro el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional,  y el decreto 444, del 21 de Marzo, por el cual crea el Fondo de Mitigación de Emergencia-FOME y dicto  disposiciones en materia de recursos, para atender la emergencia Económica, Social y Ecológica.

Los decretos antes mencionados tienen un efecto particular sobre la economía nacional y sobre la inversión en infraestructura en las regiones una vez se supere la crisis del coronavirus:

el primer decreto, el 417, sumado a las medidas previas que ha tomado el gobierno,  ha tenido un fuerte impacto sobre la economía del país,  dado que se ordenó el cierres de puertos marítimos, cierres aéreos, cierres de instituciones educativas, inicio de cuarentenas voluntarias y obligatorias, que tienen en jaque al pequeño empresario, por ejemplo, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha señalado que las ventas de comercio en el país cayeron en un 90,5%, algo que hace insostenible los puestos de trabajo.

Mientras que el segundo decreto, el 444,  impacta a las regiones de Colombia, porque el FOME, toma prestado, a tres años, el 80% de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización- FAE del Sistema General de Regalías  y  presta, a diez años, los recursos del  Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales –FONPET; estos recursos resultan importantes porque a través de ellos las regiones realizan grandes proyectos de infraestructura, que de otra forma seria prácticamente imposible por la fragilidad financiera de muchos entes territoriales del país.     

Recomendaciones para los alcaldes del Urabá

Ante las implicaciones que tienen para Colombia la aplicabilidad de los decretos 417 y 444, a los alcaldes del Urabá se les recomienda que las gestiones ante el gobierno nacional a partir del año 2021, deben de ser a nivel de región y sin rivalidades de ningún tipo,  teniendo en cuenta que los recursos de regalías (FAE) van estar disponibles en un 20% del valor que tenía antes de que se emplearan para el FOME, y, en el mejor de los casos, se estarían reestableciendo en el 2023, el último año de gestión de los alcaldes actuales.

Con este panorama, la gestión de proyectos por el Fondo de Regalías va estar limitada, y dependiendo de cómo culmine la crisis sanitaria, a muchos alcaldes el gobierno central les va incumplir en las promesas de inversión con los recursos del FAE.

Sin ser pesimista, y sin pretender generar discusiones políticas, existe una alta probabilidad de que las gestiones en materia de inversión con recursos de regalías de los alcaldes actuales no se acerquen  al nivel  de la gestión que hicieron los alcaldes del cuatrienio pasado, considerando la limitación de recursos que va generar el Covi-19. Y para nadie es un secreto que los recursos en Colombia están centralizados en Bogotá.  

Sin embargo,  en medio de esta crisis, los alcaldes pueden sacar adelante proyectos que vienen rezagados en el tiempo, por ejemplo, los hospitales tipo uno de Currulao y Nueva colonia, en el Distrito de Turbo,  solicitar que el hospital del Municipio de Apartado vuelva  a ser público, aunque el manejo inicial quede en manos del departamento de Antioquia, dotar de buena logística hospitalaria los hospitales de la región, fortalecer los servicios de los hospitales,  exigir a las EPS que se pongan al día con las cuentas que adeudan a los hospitales de la región  y por último, pero no menos importante, habilitar nuevas camas para poner en funcionamiento la Unidad de Cuidados Intensivos,  que anuncio el gobierno de Turbo, y exigir a las EPS que contraten y paguen sin dilación dichos servicios.  

Las opiniones expresadas en este texto pertenecen únicamente al autor.

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#UrabáNoticias

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