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Lo que Urabá le contó a la JEP sobre el despojo de tierras

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) llegó a Apartadó, Antioquia, para realizar una audiencia en la que escuchó los relatos de los campesinos que hoy están reclamando su tierra arrebatada por grupos armados y empresarios. Hoy, advierten, sólo tienen esperanza en esta justicia.

Marina Cifuentes demoró tres horas desde un corregimiento de Mutatá a Apartado, en Antioquia. La cita era inaplazable. Como pocas veces, a su región llegaron funcionarios de la rama judicial desde Bogotá a escuchar. Sí, al menos 20 campesinos y campesinas reclamantes de tierras pudieron hablarle a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre sus afectaciones en el conflicto armado y la verdad que esperan que esta justicia revele.

Era un salón pequeño, pero cómodo. Antes de que llegaran María del Pilar Valencia, magistrada de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP; María Ángela Salazar, comisionada de la verdad, y Blanca Lucía Mora, representante de la Procuraduría, las paredes estaban decoradas con carteles repletos de nombres de los líderes y lideresas asesinados por la guerra, por su intención de recuperar la tierra que les arrebataron los grupos armados y, según los habitantes de Urabá, también algunos de los empresarios de la región.

Esta diligencia judicial es un complemento que los habitantes de Urabá quisieron agregar al informe escrito “Van por nuestras tierras: a sangre y fuego”, elaborado por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CUP), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Forjando Futuros (FFF) y el Instituto Popular de Capacitación (IPC) y presentado el año pasado.

Su información, según la JEP, ayudará a esclarecer el caso 004, con el cual se priorizaron  las violaciones de derechos humanos en la región de Urabá, específicamente, en los municipios de Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia; y El Carmen del Darién, Riosucio, Unguía y Acandí, en el Chocó.

Fuente: El Espectador

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